La Comisión Europea amenaza con llevar a España a los tribunales por no actuar contra la pesca ilegal

Una carta del 29 de enero de 2009 a la que Greenpeace ha tenido acceso (1), remitida por el Director General de Pesca de la Comisión Europea (CE), Fokion Fotiadis, al Secretario General del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, expresa claramente la frustración de la Comisión Europea ante la falta de acciones del Gobierno español contra la compañía pesquera Vidal Armadores S.A., con base en Ribeira. El señor Fotiadis afirma que "la Comisión está extremadamente preocupada por este tema, y por la falta de acciones concretas emprendidas por España en relación con los casos de los barcos Galaecia y Paloma V" ( NOTAS 2 y 3).

En dicha carta la Comisión Europea confirma las acusaciones de Greenpeace de que dos barcos de bandera española propiedad de Vidal Armadores, el Galaecia y el Belma, formaban parte de una red de operaciones pesqueras ilegales en el océano austral que incluían a los barcos piratas Ina Maka, Chilbo San 33 y Paloma V.

La Comisión Europea exige a España acciones inmediatas contra los ciudadanos españoles implicados en actividades de pesca ilegal a bordo de los buques de Vidal Armadores (4) en cumplimiento del Reglamento Comunitario 1099/2007 (5). La carta termina con una clara amenaza al Gobierno español: "La Comisión seguirá la evolución de este caso de cerca y se reserva la posibilidad de emprender cualquier acción legal para asegurar la aplicación y el respeto a la legislación comunitaria" (6).

"Esta carta es una prueba más de que el Gobierno habla mucho y actúa poco contra la pesca ilegal. Seguimos demandando que se proceda a la devolución de las ayudas concedidas a cualquier compañía involucrada en actividades ilegales de pesca y que se sancione con dureza a sus responsables", ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos.

El pasado día 5 de marzo Greenpeace presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional pruebas de las actividades pesqueras ilegales de la empresa Vidal Armadores, S.A., propiedad de Viarsa Cartera S.A., compañía dirigida por Antonio Vidal Suárez y su hijo Antonio Vidal Pego. La organización ecologista pidió al organismo judicial una investigación completa, tanto de la empresa como de los ciudadanos españoles, capitanes y patrones de los barcos, involucrados en actividades ilegales de pesca.

Vidal Armadores es uno de los operadores piratas mejor conocidos en todo el mundo. Se sabe que opera al menos con tres barcos que actualmente se encuentran en la lista negra de CCAMLR. Además, Antonio Vidal Pego, fue condenado en 2006 por la justicia estadounidense al declararse culpable de pesca ilegal y de obstrucción a la justicia. Fue puesto en libertad condicional por un periodo de cuatro años, tras pagar una multa de 400.000 dólares y comprometerse a abandonar toda participación directa o indirecta en la industria del bacalao de profundidad durante ese mismo periodo de tiempo.

A pesar de estas conductas ilegales denunciadas por varios países, España concedió subvenciones a Vidal Armadores, S.A. por más de 3,6 millones de euros entre 2003 y 2005. De estos 2,6 millones de euros se destinaron a "pesca experimental" en la Antártida, donde sus barcos habían sido identificados en repetidas ocasiones por actividades ilegales.