Baleares: Desciende el número de sanciones por pesca ilegal
Se vigila la actividad en las 60.000 hectáreas de las reservas marinas de las islas
La dirección general de Pesca ha detectado este año un leve descenso de sanciones por infringir la normativa que regula esta actividad, ya sea a nivel recreativo o profesional. Según explicó la responsable de este área, Patricia Arbona, esta caída en las sanciones se debe a que la gente "sale a pesar más informada y más formada". Asimismo, Arbona hizo una llamada a los pescadores para que "continuen pescando", pero "siempre cumpliendo la normativa para que esta pesca sea posible ahora y en el futuro".
La directora general, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Palma, Rafael Mas, y el alcalde de Llucmajor, Joan Jaume, se hicieron ayer a la mar con los vigilantes de la reserva marina de la Bahía de Palma para ver cómo desarrollan su labor. Según se destacó desde el departamento de Pesca, a lo largo de esta legislatura se han impulsado progresivamente medidas para vigilar que se cumpla la normativa en las reservas marinas del archipiélago, como la contratación de equipos de vigilantes y la adquisición de lanchas neumáticas.
En total, hay 16 vigilantes y seis barcas repartidas por las diferentes reservas marinas, que suponen una superficie de 60.000 hectáreas de los mares que rodean las islas. Además, hay cuatro inspectores con una patrona y una embarcación que llevan a cabo labores de vigilancia por toda Mallorca y dos inspectores y una embarcación a cada una de las islas de Menorca, Eivissa y Formentera.
En estos momentos, Balears es la comunidad autónoma con más reservas marinas declaradas de todo el país. En total, hay siete: la de la Bahía de Palma –que comprende entre el Club Nàutic de s´Arenal y el cabo de Regana; la del norte de Menorca, y la de Els Freus de Eivissa y Formentera; la reserva marina del Migjorn; las de las islas del Toro y la de las Malgrats y la del Llevant de Mallorca, además de la de Cala Rajada, de ámbito estatal.
Las reservas marinas son figuras de protección mediante las cuales se regulan los usos y la explotación del medio marino, para incrementar la regeneración natural de los recursos y conservar los ecosistemas marinos más representativos.