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La Comisión Nacional de la Competencia, muy crítica con el Proyecto de Ley de Puertos

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un informe en el que se muestra muy crítica con el Anteproyecto de modificación de la ley 48/2003, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general.

La CNC afirma en dicho informe, de entrada, que la importancia económica de los servicios portuarios, tanto en sí mismos, como por su influencia sobre la competitividad de las industrias españolas, es muy grande y que, por ello, su marco normativo debe introducir competencia como elemento fundamental para asegurar su prestación en condiciones de eficiencia económica. Por ello, “se cuestiona, desde el punto de vista de la competencia, la conveniencia de la vuelta a la titularidad pública de los servicios portuarios, que de acuerdo con el Anteproyecto se pasarán a prestar en régimen de gestión indirecta por los operadores privados, pudiendo prestarlos la respectiva Autoridad Portuaria de concurrir ciertas condiciones.” De hecho, la CNC lamenta, en su informe, que no se aprobase la propuesta de Directiva Comunitaria de liberalización de los servicios portuarios, y afirma que “lo idóneo hubiese sido seguir impulsando la liberalización con o sin directiva”.

Por otra parte, se llama la atención sobre determinados aspectos derivados del previsto aumento de la autonomía de las Autoridades Portuarias en su financiación, y la orientación en la determinación de las tasas a costes. “Si no se introducen incentivos para ser eficientes, y se trasladan directamente los costes a las tasas, éstas serán más altas. Si no hay alternativas viables, los usuarios de cada puerto no tendrán más opción que contratar unos servicios más caros, lo cual mermará la competitividad de sus productos y podrá, en última instancia, ir en perjuicio de los consumidores finales”, en referencia muy clara a los usuarios cautivos de los puertos. En particular, según la CNC, el anteproyecto no avanza suficientemente en la necesaria liberalización progresiva del modelo del servicio de manipulación de mercancías, consistente en el régimen de exclusividad de las entidades de puesta a disposición de estibadores y el régimen laboral especial de éstos. Esta figura supone, según la CNC, “un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes del servicio prestado.”

“Aunque el anteproyecto que finalmente se ha remitido para discusión en sede parlamentaria ha recogido parcialmente las observaciones de la CNC, la no aceptación de otras no se considera satisfactoria ya que se puede distorsionar de manera importante la competencia.”