SOS de los clubes náuticos de Baleares

La situación de los clubes náuticos de Baleares ubicados en la zona de competencia de Puertos del Estado es desesperada y requiere la adopción de cambios legales urgentes que reconozcan la función social y deportiva de estas entidades, y que eviten la gentrificación definitiva e irreparable de sus instalaciones.

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), en representación de 24 entidades deportivas y de 12.000 familias asociadas, no puede ocultar su profunda preocupación por la situación de precariedad en la que se encuentran en estos momentos instituciones de la náutica deportiva tan relevantes como el Club Náutico de Ibiza, el Club Marítimo de Mahón o el Real Club Náutico de Palma, y teme que la ausencia de una acción política y legislativa para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía -a fin de garantizar la existencia de los clubes náuticos dentro del sistema portuario estatal- desemboque en la pérdida inminente del patrimonio deportivo, social y cultural que éstos representan.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y del organismo Puertos del Estado, no puede permanecer de brazos cruzados mientras sus normas y los pliegos de los concursos que convoca para la gestión del espacio público están propiciando que entidades mercantiles sin ninguna experiencia deportiva ni social puedan optar en condiciones ventajosas a la explotación de los históricos clubes náuticos.

PACTO DE LA PALMA

Puertos del Estado se comprometió en la última edición del Congreso Nacional de Clubes Náuticos a tomar cartas en el asunto. Lo hizo tras asumir que los clubes desempeñan una función insustituible y que, por tanto, cabe articular medidas que garanticen su continuidad dentro del marco de la legislación española. Aquella promesa, que dio lugar al llamado ‘Pacto de La Palma’, debería mantener su plena vigencia a día de hoy -dado que nada ha cambiado desde entonces-, pero, por desgracia, no se ha visto traducida en hechos. El tiempo corre y los clubes no pueden esperar.

La ACNB no duda de la palabra ni de las buenas intenciones de los dirigentes de Puertos del Estado; sin embargo, ve necesario hacer un llamamiento público para que las modificaciones legales acordadas se lleven a cabo sin más demora o, de lo contrario, no quedarán clubes náuticos que proteger.

Ello significaría desoír el mandato claro de los ciudadanos de Mallorca, Menorca e Ibiza que han expresado su deseo de conservar estas entidades a través de manifestaciones multitudinarias. Cabe recordar, en este sentido, el acto celebrado hace unos días en el Club Náutico de Ibiza o el que en su día organizó el Real Club Náutico de Palma frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares.

PNL aprobada por el Parlament de les Illes Balears en demanda de medidas de protección para los clubes.

Tampoco debe olvidarse que el Parlamento de las Islas Baleares aprobó el pasado 12 de diciembre, mediante una proposición no de ley (PNL), instar a Puertos del Estado a que iniciara el procedimiento de modificación legislativa para la protección de los clubes. El Gobierno central no puede hacer oídos sordos a esta prescripción emanada de la cámara legislativa que representa la voluntad de los ciudadanos, teniendo en cuenta, además, que Baleares debería tener transferidas las competencias de la náutica de recreo de acuerdo con su Estatuto de Autonomía.

Puertos del Estado no puede, en definitiva, ignorar por más tiempo una singularidad a la que la legislación nacional, hecha a medida de empresas comerciales sin ningún interés por la conservación de la náutica social, es incapaz de dar respuesta con su articulado actual.

Las federaciones cuya actividad se desarrolla en las instalaciones de los clubes han sido muy claras en sus reiteradas advertencias: sin los náuticos es imposible la pervivencia del deporte. El mero riesgo de que esto ocurra -la vela y el piragüismo son las dos disciplinas que más medallas olímpicas han proporcionado al deporte español- debería haber motivado hace años una movilización de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes para adaptar la ley a la realidad social y no a la medida de cualquier empresa con intenciones especulativas.