Los náuticos españoles ven escandalosa la pérdida de la concesión del Real Club Náutico de Gandía

La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), que representa a 200.000 familias asociadas, considera escandaloso que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya decidido poner fin a 60 años de historia del Real Club Náutico de Gandía (RCNG) mediante la adjudicación de sus actuales instalaciones a una empresa lucrativa constituida hace apenas cinco años, con un capital social simbólico de 3.000 euros y cuya capacidad para gestionar puertos deportivos es más que dudosa.

Según considera la CEACNA, la decisión de la APV ataca de manera directa la línea de flotación del deporte náutico en España, especialmente la vela, y abre la puerta a que los históricos clubes náuticos españoles sean literalmente colonizados, con la colaboración necesaria o la indiferencia de las administraciones, por empresas que pretenden convertir los puertos recreativos nacionales en aparcamientos de grandes barcos y cerrar el acceso a la náutica de las clases medias.

En este sentido, la patronal de clubes náuticos no alberga dudas sobre que la retirada de la concesión al Real Club Náutico de Gandía es el mayor ataque sufrido por la náutica de recreo en España desde que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) otorgó los amarres del Club Marítimo de Mahón a la empresa Trapsa, que los utilizó para especular y pagar deudas, y cuyo máximo responsable, el empresario Gerardo Díaz Ferrán, se enfrenta a tres años y medio de cárcel por aquellos hechos.

La CEACNA también desea poner en conocimiento de la opinión pública que la manera de proceder de la APV en el caso del Real Club Náutico de Gandía contrasta con la postura de apoyo a los clubes náuticos y a la función social y deportiva que desarrollan expresada por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en la última edición del Simposio de Clubes Náuticos organizado por la patronal en Palma de Mallorca, donde el máximo representante de los puertos de interés general en España dijo que la legislación española prevé la “singularidad” de los clubes para que éstos puedan conservar sus concesiones.

Hay que recordar que Llorca llegó incluso a criticar la ley de puertos de la Comunidad Valenciana por no prever, precisamente, el hecho diferencial entre club náutico y simple marina. “Me llama la atención que una iniciativa de este tipo surja de un gobierno de ese color (un tripartito formado por PSOE, Comprimís y Podemos). Yo creo que hay poner en valor la función social que realizan algunos organismo sin ánimo de lucro [en alusión a los clubes], que además ayudan al desarrollo de la náutica en nuestro país”, fueron las palabras textuales de Llorca que hoy se contradicen con la realidad de los hechos, ya que la APV, lejos de defender el modelo del Real Club Náutico de Gandía, ha optado por otorgar nada menos que 50 años de concesión a una empresa sin historia ni experiencia conocidas.

La CEACNA no es ajena a las circunstancias concretas que han rodeado el trámite de competencia de proyectos por el que Alcara S.L., empresa participada por el señor José Ignacio Jiménez Casques, se ha hecho con el Real Club Náutico de Gandía y que hacen que la decisión de la APV resulte, si cabe, aún más increíble. Es absolutamente necesario que la empresa pública otorgante de la adjudicación explique, no sólo a esta confederación sino al conjunto de los ciudadanos, cómo es posible que un despacho de arquitectos realice un proyecto de reforma para la renovación de un club náutico (es decir, que tenga acceso a información de primera mano) y luego uno de sus socios presente su propio proyecto. Y que gane. O cómo es posible que el ex tesorero del Real Club Náutico de Gandía, señor Francisco Herreros, quien también goz&oa cute; de una posición de privilegio con anterioridad a la puesta en marcha del expediente, actúe públicamente como representante de la empresa adjudicataria.

Son tantas las anomalías que han rodeado este caso, que la CEACNA no puede más que exigir que la Autoridad Portuaria de Valencia responda a todos y cada uno de los muchos interrogantes surgidos durante el trámite de competencias de proyectos, al mismo tiempo que reclama el amparo del presidente de Puertos del Estado para que, si no hay una explicación que aclare todas las dudas, tome cartas en el asunto. Es mucho lo que está en juego.