La fiscalia interpone una querella a raíz de la denuncia de ADN Mediterráneo sobre la gestión de los campos de boyas
01 agosto 2026 13:04:31
ADN Mediterráneo denunció un presunto fraccionamiento de contratos por parte de PortsIB y una prórroga extraordinaria que, a su juicio, podrían ser contrarios a la legalidad. La querella ha sido turnada a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma y registrada como diligencias previas.
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha comunicado a la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN Mediterráneo) que, en relación con el escrito presentado por la entidad el pasado 11 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción, se ha acordado la interposición de una querella ante los juzgados.
La querella ha sido turnada a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, donde ha quedado registrada como diligencias previas. La apertura del procedimiento permitirá investigar los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía y determinar si pueden ser constitutivos de delito y si existen responsabilidades penales.
ADN Mediterráneo ha anunciado que se personará en el procedimiento para ejercer las acciones que legalmente le correspondan, defender los intereses de los navegantes y aportar toda la documentación e información que pueda resultar necesaria durante la investigación.
La denuncia fue presentada contra cuatro responsables de Ports de les Illes Balears (PortsIB): el gerente de la entidad, su vicepresidente, la responsable del área económica y financiera y el responsable del Servicio de Explotación.
Una licitación valorada en más de 5,8 millones de euros
Los hechos denunciados se enmarcan en la licitación 10715/2024, anunciada por PortsIB como un contrato mixto de obra y servicio dividido en cuatro lotes para la gestión de los campos de fondeo regulado situados en espacios de la Red Natura 2000 de las Illes Balears.
La licitación, que también incluía la asistencia técnica para el seguimiento ambiental y la dirección facultativa, contaba con un valor estimado de 5.836.779,28 euros.
La Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo presentó un primer recurso contra el anuncio de licitación al apreciar distintas irregularidades en el procedimiento. El recurso fue admitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que obligó a reiniciar la licitación en febrero de 2026.
Posteriormente, el 19 de mayo, ADN Mediterráneo recurrió junto con otra empresa licitadora la adjudicación de los lotes 1 y 3. A estos recursos se sumaron otros escritos contra la adjudicación de los lotes 2 y 3. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordó mantener suspendido cautelarmente el procedimiento respecto de los lotes impugnados.
Un contrato menor y una prórroga extraordinaria
La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción cuestiona dos actuaciones posteriores de PortsIB que, según sostiene ADN Mediterráneo, afectarían a prestaciones incluidas en la licitación suspendida.
La primera es la adjudicación de un contrato menor por un importe de 7.587,44 euros para el montaje de los campos de boyas de la bahía de Fornells y la Illa d’en Colom.
Según la denuncia, estos trabajos ya formaban parte de la licitación paralizada cautelarmente. ADN Mediterráneo considera que la contratación separada de este servicio podría constituir un fraccionamiento artificial del objeto del contrato destinado a eludir los procedimientos ordinarios de licitación, publicidad, transparencia y libre concurrencia.
La asociación también señala que la empresa beneficiaria del contrato menor formaba parte, con una participación del 50 % en una unión temporal de empresas, de una de las adjudicatarias iniciales de la licitación recurrida.
La segunda actuación denunciada es la adjudicación y formalización de una prórroga extraordinaria del anterior contrato de gestión de los campos de fondeo por un importe de 314.247,15 euros.
ADN Mediterráneo cuestiona que en este caso concurran los requisitos establecidos legalmente para aplicar una prórroga excepcional. La asociación sostiene que la instalación y explotación de campos de boyas de pago no constituye un servicio público esencial cuya interrupción justifique esta medida y que los retrasos derivados de la planificación del procedimiento o de la presentación de recursos no pueden considerarse acontecimientos imprevisibles.
También argumenta que el contrato original había sido modificado para incorporar un campo de boyas adicional, pese a que una prórroga extraordinaria debe mantener inalteradas sus condiciones esenciales.
Los ocho campos incluidos en la prórroga, junto con los de Fornells e Illa d’en Colom, representarían prácticamente la totalidad de los campos contemplados en los lotes 1, 2 y 3 de la licitación suspendida.
Posibles delitos denunciados
El escrito presentado ante la Fiscalía considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia a resoluciones de órganos competentes, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.
ADN Mediterráneo sostiene que tanto el contrato menor como la prórroga extraordinaria podrían haber sido utilizados para continuar ejecutando prestaciones comprendidas en una licitación suspendida cautelarmente y para vaciar de contenido las medidas adoptadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La asociación subraya que corresponderá ahora al órgano judicial investigar los hechos, analizar la documentación y determinar si existe alguna responsabilidad penal.
La desaparición de las zonas de fondeo libre sobre arena
La actuación judicial se produce en el contexto del conflicto que ADN Mediterráneo mantiene con la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y PortsIB por el modelo de ordenación y gestión de los campos de boyas.
ADN Mediterráneo defiende la protección de la posidonia y la necesidad de impedir el fondeo sobre esta planta marina, pero considera que estos objetivos son plenamente compatibles con el mantenimiento del fondeo libre y gratuito sobre fondos de arena.
La asociación denuncia que los nuevos proyectos no se limitan a proteger las praderas de posidonia, sino que sitúan campos de boyas precisamente en zonas de arena que tradicionalmente habían sido utilizadas por los navegantes para fondear libremente y sin coste.
De este modo, según sostiene ADN Mediterráneo, los espacios aptos para el fondeo responsable desaparecen en la práctica al quedar ocupados por instalaciones reguladas y de pago. La asociación considera que este sistema transforma zonas históricamente destinadas al uso público y gratuito en áreas cuya utilización queda condicionada al pago de una tarifa y gestionada, en muchos casos, por empresas privadas.
Las conversaciones entre ADN Mediterráneo y la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua comenzaron al inicio de la legislatura con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión. Sin embargo, la asociación terminó dando por rotas las negociaciones al considerar que no existía una voluntad real de modificar el sistema vigente.
ADN Mediterráneo sostiene que el modelo impulsado por la Administración restringe injustificadamente el fondeo libre sobre arena, amplía progresivamente las zonas de pago y favorece un proceso de privatización del uso del litoral mediante la cesión de la gestión de los campos de boyas a operadores privados.
La asociación reitera su compromiso con la defensa del medio marino y con una navegación responsable, pero insiste en que la protección de la posidonia no puede utilizarse como justificación para eliminar las zonas de fondeo libre sobre fondos de arena ni para convertir el acceso al litoral en un servicio de pago.
ADN Mediterráneo colaborará plenamente con la Justicia y se personará en las diligencias previas para defender los intereses legítimos de los navegantes de las Illes Balears y solicitar el esclarecimiento de todos los hechos denunciados.