LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (CHE) DISCRIMINA NUEVAMENTE A LOS PIRAGÜISTAS

Ambos trámites son exclusivos de España: ni un solo país de la Unión Europea se ha planteado colocar matrículas a sus piraguas, ni pide hacer papeles previos. Simplemente establecen normas para un uso compatible de las aguas. Aquí, si se quiere remar legalmente, se llega a la situación un tanto ridícula de tener que poner más de quince matrículas diferentes en una piragua, una o dos por cuenca ¿Imaginan que un coche tuviera que llevar cincuenta matrículas para poder circular por todas las provincias?

Es llamativo el trato de favor que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) da en la misma norma a los pescadores, permitiendo la utilización generalizada de “patos”, artefactos flotantes que, pese a ser muchas veces del mismo tamaño que una piragua pequeña, quedan exentos sin embargo de declaración responsable. Es una más de las discriminaciones que sufrimos los piragüistas en el uso del río, como la prohibición absoluta
de navegar durante varios meses en cursos de montaña – y durante varias horas al día el resto del año-, precisamente cuando más agua hay en el río, y pese a que la administración ha sido
incapaz en treinta años de aportar una sola prueba de los supuestos “daños” producidos. La CHE viene pretendiendo hacer de las piraguas cabeza de turco de la expansión del mejillón
cebra en la cuenca, en contra de lo que indican todos los estudios, incluyendo los suyos propios. No nos engañemos, la principal causa estructural es la proliferación de embalses
construidos y en construcción y el modelo de gestión del agua que se hace en la cuenca, que dan a esta especie -y otras invasoras- las condiciones ambientales que les permiten una
invasión generalizada que de otra manera sería imposible.

Además, la CHE vuelve a prescindir de todos los cauces de participación pública, sin escuchar ni a las federaciones deportivas afectadas ni a las asociaciones de usuarios recreativos antes de tomar esta medida. Tornando a ser el organismo opaco que pensábamos que había empezado a cambiar. Tampoco ha publicado la disposición en el BOE, como está obligada a hacer al ser una norma que afecta a miles de usuarios particulares, a los que deja en una situación de indefensión total.

En definitiva, más papeles, sin que ello repercuta en una mejor gestión de la navegación, más bien al contrario, pues al enfrentar innecesariamente a los usuarios con la administración se pierde la colaboración de éstos, indispensable para la buena gestión del dominio público. Tanto desde la Real Federación Española de Piragüismo como desde las asociaciones y empresas de piragüismo no se descarta ningún tipo de actuaciones para conseguir retirar esta medida, desde legales a reivindicativas.