La Asociación de Navieros Españoles (Anave) contra la tarifra plana aérea

La movilidad es una necesidad fundamental de los ciudadanos residentes en los territorios insulares, además de un derecho reconocido en la Constitución española. Para garantizar el ejercicio este derecho, cada año los presupuestos generales del Estado y los de las comunidades autónomas insulares prevén unas importantes cantidades para subvencionar parcialmente el transportes de los residentes insulares con la Península y entre las islas.
Estas subvenciones, aunque vayan dirigidas a los ciudadanos y no a las empresas transportistas, pueden distorsionar la competencia si se otorgan de forma que favorezcan a unos modos de transporte respecto de otros. Como se detalla en el anexo, el sistema actual de subvención discrimina negativamente en
varios aspectos muy importantes al transporte marítimo y a los ciudadanos que lo utilizan. Y apoyan más al transporte aéreo, modo de transporte menos sostenible y que más dinero cuesta al Estado.
Lo peor es que la situación actual, lejos de resolverse, podría estar a punto de empeorar: tanto en Baleares como en Canarias, los gobiernos autonómicos, al parecer con el apoyo del ministerio de Fomento, pretenden que se establezca una llamada “tarifa plana” para todos los pasajeros que se muevan en el tráfico aéreo
interinsular.
Probablemente lo más justo no sería una tarifa plana, sino una subvención plana: que el ciudadano recibiese un importe fijo por viaje interinsular, que pudiese emplear en aquel modo de transporte, compañía y acomodación que considerase más adecuada a sus necesidades en cada momento. En algún caso se elegiría el
modo más rápido, en otro el más barato, en otro el que permitiese transportar un coche,… siempre según la necesidad o la preferencia personal de cada ciudadano y no porque el propio sistema de subvención sesgue dichas preferencias en uno u otro sentido.
No pretendemos prejuzgar la solución ideal sin conocer en detalle estas propuestas, pero sí tenemos que salir al paso de las mismas exigiendo que el transporte marítimo sea tenido en cuenta desde el primer momento en las negociaciones entre el gobierno central, los autonómicos y la Unión Europea para
impedir que se introduzcan nuevos elementos, como una tarifa plana únicamente para el transporte aéreo, que distorsionen aún más la competencia en contra del transporte marítimo.
Por el contrario, si se va a modificar el sistema, la prioridad debería ser eliminar todos los elementos que perjudican al transporte marítimo y a sus usuarios estableciendo un mecanismo más justo, social, equilibrado y sostenible.

ANEXO: UN SISTEMA QUE YA DISCRIMINA NEGATIVAMENTE AL TRANSPORTE MARÍTMO
Para el transporte entre las islas existen únicamente dos modos: aéreo y marítimo. Actualmente la subvención se calcula como un porcentaje fijo del importe del pasaje. Como el transporte aéreo es en promedio entre tres y cuatro veces más caro que el marítimo (i), este procedimiento favorece al avión y perjudica al buque. Una consecuencia obvia y paradójica de que el pasaje en avión sea más caro: el Estado paga más por cada ciudadano residente que viaja en avión que por el que lo hace en barco: Este sistema es más caro para el Estado (ii).
Dado que el transporte aéreo de carga es marginal, otra razón evidente para no perjudicar al marítimo es que resulta absolutamente esencial para el abastecimiento de las islas de toda clase de productos de primera necesidad.
Y, precisamente por la diferencia de precio, la forma actual de canalizar la subvención beneficia más a las empresas cuyos directivos utilizan el avión y alquilan un coche en destino que a las familias que utilizan el barco para poder viajar con su propio coche. Este sistema apoya más al menos necesitado, es antisocial.
La normativa que regula estas subvenciones permite al residente insular enlazar dos tramos aéreos (ej. Tenerife-Madrid-Coruña), pero no le permite enlazar el barco Palma-Valencia con un tren Valencia-Tarragona, por ejemplo
(iii). Y los procedimientos administrativos por los que el transportista recupera de la Administración la subvención que ella adelanta descontándola del importe de billete son más largos y más complicados para las navieras que para las líneas aéreas. Este sistema es discriminatorio.
En las subvenciones al transporte marítimo, hasta hace pocos años, se aceptaba la inclusión del importe correspondiente al transporte de un vehículo en régimen de pasaje. Sin embargo, en los últimos años, la Dirección General de la Marina Mercante ha venido restringiendo esta posibilidad. Dado que la opción de viajar con un vehículo es un atractivo básico del transporte marítimo, como compensación de la mayor duración del viaje, al dejarlo fuera de la subvención se perjudica muy seriamente al transporte marítimo en su competencia con el aéreo. Este sistema distorsiona la competencia.
Pero probablemente la mayor incongruencia es que, mientras la política europea de transportes pretende promover el uso del transporte marítimo (como el más sostenible), y en España se afirma defender a capa y espada la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estas subvenciones favorecen al transporte aéreo que emite 30 veces más CO2 por pasajero y viaje que el marítimo (sí, 30 veces más). Este sistema va en contra de los objetivos medioambientales de España y de la Unión Europea.

(i) En 2015, el importe medio de la subvención a residentes fue de 17 euros/pasajero en el transporte marítimo y 41 euros/cupón de vuelo para el aéreo. Ahora bien, en el caso del transporte aéreo, dada la posibilidad de combinar vuelos, en muchos casos, el “transporte de un pasajero islas-península con escala” incluye 2 cupones de vuelo. En consecuencia, se estima que el importe medio de subvención, en términos comparativos con la cifra de 17 euros/pasajero del modo marítimo es de unos 70 euros/pasajero para el transporte aéreo. Es decir, el transporte aéreo cuesta al presupuesto público del ministerio entre 3 y 4 veces más por pasajero que el transporte marítimo.
(ii) En 2015 se transportaron por mar 5,3 millones de pasajeros residentes con subvención del Estado, frente a 7,8 millones de cupones de vuelo aéreos. Las cifras efectivas de pasajeros deben ser muy similares en ambos modos. Si todos hubiesen viajado en avión, los presupuestos públicos habrían tenido que pagar 150 millones de euros más.
(iii) En el caso del transporte aéreo se permite enlazar dos o más vuelos, con una o más escalas intermedias, siempre que la duración total del viaje no supere las 12 h. Por el contrario, en el caso del transporte marítimo, se subvenciona únicamente el viaje puerto-puerto y no se aplica ninguna subvención al transporte terrestre (sea por ferrocarril o autobús) subsiguiente al marítimo desde/hasta el origen/destino definitivo. La única excepción son los residentes en Ceuta, a los que, por no disponer de aeropuerto en su ciudad, se les permite enlazar con un vuelo desde Jerez, Málaga o Sevilla. Si se permite en este caso concreto, ¿por qué no en otros casos? Sería totalmente lógico apoyar de igual forma a ambos modos de transporte (marítimo y aéreo), extendiendo en ambos casos la subvención al transporte completo origen/destino, sea cual fuese la combinación de modos de transporte elegida por el ciudadano beneficiario. Lo contrario supone sesgar las condiciones a favor de una solución de transporte que no es ni la más económica para el Estado ni la más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Como mínimo, debería subvencionarse también el transporte de un coche, para que el residente que viaje en barco pueda llegar a su destino final en su propio vehículo.