El Club Marítimo de Mahón lamenta las falsas acusaciones de Trapsa Yates y recuerda que un juzgado investiga la concesión del varadero de Palma
07 junio 2008 20:58:57
El Club Marítimo de Mahón desea desmentir rotundamente el contenido de las declaraciones realizadas el pasado viernes a través de los medios de comunicación por el consejero delegado de la empresa Trapsa Yates, José Manuel Domínguez, en las que, entre otras cosas, acusó a la histórica entidad menorquina de querer que la Autoridad Portuaria de Baleares cometa prevaricación en la adjudicación del concurso de los amarres del Muelle de Levante situados en el puerto de Mahón.
Prevaricar, de acuerdo con el Código Penal, consiste en “dictar una resolución injusta a sabiendas”. Pretender, como hace Trapsa, que los lícitos argumentos jurídicos del Marítimo de Mahón inducen a la comisión de este concreto delito por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares representa un insulto a la inteligencia y constituye un ejercicio de cinismo intolerable.
Cabe recordar, en este sentido, que el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma instruye actualmente diligencias por un presunto delito de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas contra el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares en la anterior legislatura, Joan Verger, por la adjudicación del varadero de Palma a la unión temporal de empresas formada por las empresas Trapsa Yates e IP3M.
A pesar de la existencia de este proceso judicial, el Marítimo de Mahón, en virtud de la presunción de inocencia, jamás ha acusado a Trapsa Yates, perteneciente al Grupo Marsans, de inducir a la prevaricación en el citado asunto, consciente de que esa clase de aseveraciones deben ir necesariamente respaldadas por una resolución judicial. Sin embargo, al señor José Manuel Domínguez no le importó lanzar una acusación de esta naturaleza infundada y carente del menor soporte legal, poniendo de manifiesto el talante de la empresa a la que representa.
Que Trapsa Yates ponga en duda la honorabilidad de una entidad como el Marítimo de Mahón resulta especialmente increíble si además se tiene en cuenta que los máximos mandatarios del Grupo Marsans, los señores Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, se hallan imputados en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid por una presunta apropiación de 204 millones de euros y un supuesto fraude a la Hacienda Pública de 100 millones de euros, según informes de los peritos de la Agencia Tributaria.
Insistimos en el respeto a la presunción de inocencia, pero consideramos que no es el momento más adecuado para que Trapsa Yates y el Grupo Marsans pretendan dar lecciones a nadie.
Por otro lado, el Marítimo de Mahón y los clubes náuticos en su conjunto se preguntan cuál es el criterio por el que aboga esta empresa del Grupo Marsans en relación a los concursos públicos. ¿Por qué razón considera Trapsa Yates que el ofrecimiento del canon más elevado ha de ser la causa de la adjudicación del Muelle de Levante, cuando, en el ya aludido caso del varadero de Palma, obtuvo la concesión siendo su oferta notablemente inferior a la de Boat Yard Palma? ¿Cuál es, a su juicio, la vara justa de medir? La respuesta parece clara: la que se adapte en cada momento a los intereses de Trapsa Yates y a los del Grupo Marsans, cuyo objetivo no parece ser otro que el control de los puertos deportivos de Baleares ubicados bajo competencia de la Autoridad Portuaria. Así cabe interpretar las declaraciones del Sr. Gerardo Díaz, aparecidas en un periódico regional del 10 de marzo de 2008, cuando afirma: “Los amigos me llamaban antes para sentarse junto a los pilotos de aviones. Ahora lo hacen para reservar un puesto de atraque”.
La frase es claramente representativa de la filosofía de Trapsa Yates frente al concepto social de la náutica que defiende desde hace más de 60 años el Club Marítimo de Mahón. Como bien ya indicó la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), supone casi un sarcasmo que Trapsa quiera erigirse ahora en defensora de la náutica social, anunciando la creación de escuelas de vela y la promoción del deporte. Hay antencedentes claros que demuestran que nada de ello existe en sus actuales concesiones y que su interés se limita a ganar dinero.
En cuanto a la mayor cantidad ofertada por Trapsa para inversión en el Muelle de Levante, el Sr. Domínguez olvidó voluntariamente referirse a un aspecto básico que desmorona por completo su argumentación: el Marítimo de Mahón dispone en propiedad de un magnífico edificio de 1.000 metros cuadrados donde se ofrecen servicios que Trapsa, en el caso de que obtuviese la concesión, debería construir en algún lugar del puerto, tales como duchas, vestuarios, aseos, oficinas, almacén de embarcaciones, pañoles, etc.
Poco aportan, pues, las inversiones propuestas por Trapsa en el Muelle de Levante, ya que el Club Marítimo de Mahón puede ofrecer un mejor servicio a través de sus bienes propios. Trapsa sólo puede contribuir, en definitiva, a un encarecimiento de los amarres para amortizar su mayor propuesta de canon, que ha convertido en su principal y casi obsesivo argumento, olvidándose de los criterios puntuados en algunas de las concesiones que ya disfruta.
La oferta de tarifas sociales lanzada repentinamente por Trapsa carece por completo de credibilidad y apunta hacia un problema mucho mayor que afecta al interés público y social del Puerto de Mahón, donde se está registrando un proceso especulativo que pone en peligro el acceso al mar, y a los bienes portuarios que les son propios, de los ciudadanos de Menorca.
Luis Barca, presidente del Club Marítimo de Mahón, lo dejó claro en la última Asamblea Extraordinaria de la entidad: “Es nuestro concepto social de la náutica, nuestra forma de entender el mar, lo que está en juego”.
El Club Marítimo de Mahón no reclama otra cosa que la defensa del interés público, a la que están obligadas las administraciones.