Convenio de lastre: Singapur y Malasia avanzan en el concepto de zona de igual riesgo
Se acerca el 8 de septiembre de 2017, fecha de entrada en vigor del Convenio de Agua de Lastre, y tras meses de debate, los Estados parte comienzan a mover ficha. Así, las administraciones marítimas de Singapur y Malasia tienen ya perfilada una estrategia que permitiría eximir de cumplir las disposiciones del convenio a los buques que naveguen por sus aguas. Indonesia ya ha manifestado su interés en participar en esta estrategia, a la que podrían sumarse otros Estados de la zona.
Esta estrategia está basada en el concepto de “zona de igual riesgo” (o, "misma zona de riesgo", como a veces se traduce), que ya recibió el apoyo explícito del Comité de Protección del Medio Marino en su reunión de octubre de 2016 (MEPC 70). En el MEPC 71 (3 al 7 de julio de 2017) está previsto aprobar unas orientaciones detalladas sobre este concepto, que no supone rebajar los niveles de exigencia de las evaluaciones de riesgo biológico previstas en el convenio, sino llevarlas a cabo con un enfoque diferente. En particular, se permitiría efectuar una evaluación del riesgo biológico global para el conjunto de dicha zona, incluyendo en la misma los puertos que sean más relevantes, en lugar de todas las combinaciones posibles de parejas de puertos A-B.
Uno de los objetivos de este enfoque es evitar penalizar al transporte marítimo de corta distancia (SSS) y el trasvase de mercancías de la mar a la carretera, lo que finalmente iría en contra del medio ambiente.
También Dinamarca y Suecia están trabajando en este mismo enfoque, con vistas a eximir del cumplimiento de los requisitos del convenio a aquellos buques que naveguen únicamente entre puertos de estos dos países.
ANAVE ha propuesto a la Administración española que se estudie la posibilidad de aplicar el mismo concepto de "zona de igual riesgo" en el sur de España y Mediterráneo occidental, a los buques que operen exclusivamente en tráficos entre España, Marruecos, Argelia e Italia.
El convenio de agua de lastre pretende detener la propagación de especies acuáticas invasivas por medio de las descargas de aguas de lastre de los buques, lo que puede dañar los ecosistemas locales, afectar a la biodiversidad y dar lugar a pérdidas económicas sustanciales. El convenio exige que los buques dispongan de equipos de tratamiento del agua de lastre y los sedimentos para eliminar de los mismos los organismos acuáticos y agentes patógenos antes de su descarga.