La APB ignora la opinión unánime del Parlament balear al pretender que el Club Náutico de Ibiza salga a concurso

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) desea denunciar ante la opinión pública la actitud claramente contraria al interés general de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en relación a los clubes náuticos y marítimos situados en puertos considerados de “interés general”, la cual se ha vuelto a poner de manifiesto en el caso del Club Náutico de Ibiza, cuya concesión caducará en octubre de 2010.

La APB ha vuelto a dejar claro, por medio de su presidente, Francesc Triay, que tiene intención de convocar un concurso público para otorgar las instalaciones que ocupa desde hace 80 años el Club Náutico de Ibiza, ignorando la declaración unánime del Parlament balear que recomienda la prórroga automática del contrato de explotación y buscando, a través de un informe jurídico innecesario y de dudosa fiabilidad, el pretexto para arrendar al mejor postor los amarres de una entidad que forma parte esencial del tejido social ibicenco.

Los argumentos que esgrime la Autoridad Portuaria de Baleares para hacer oídos sordos al clamor en favor del Náutico de Ibiza demuestran que Francesc Triay, y su equipo de técnicos, liderado por Ángel Matías Mateos, están decididos a llevar hasta sus últimas consecuencias su plan para convertir los puertos deportivos de Palma, Ibiza, Mahón, Alcúdia y Formentera en una “caja recaudadora” de cánones millonarios e insostenibles, aunque ello suponga pasar por encima de la voluntad popular (representada por el Parlament de les Illes Balears) y esté propiciando un caso sin precedentes de concentración empresarial.

Si la APB defiende, como dice el Sr. Triay, la libre competencia, debería empezar por explicar a la opinión pública por qué la inmensa mayoría de sus concursos son adjudicados a un grupo tan reducido de empresas y por qué Baleares pierde año tras año competitividad como destino de turismo náutico debido al encarecimiento de los amarres que está provocando esta política salvaje de concursos-subastas.

La visión cortoplacista que el actual equipo de la APB tiene del negocio portuario amenaza con provocar la quiebra de uno de los sectores económicos con mayor proyección de Baleares. La situación en este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento pero cuyo presidente es nombrado por la Comunidad Autónoma, empieza a ser insostenible y hace necesaria, a juicio de la ACNB, la intervención inmediata del Govern balear. La APB no puede seguir yendo por libre.

La vigente Ley de Puertos del Estado es clara al reconocer la posibilidad de la prórroga de las concesiones cuando existe un “interés estratégico”. El Parlament, de forma clamorosa, ha reconocido que el Náutico de Ibiza posee esa condición. ¿A qué viene entonces solicitar un informe jurídico (como siempre al Sr. Jiménez Cisneros, por cierto) que introduzca trabas a la prolongación de la concesión poniendo en duda aquello en lo que todos los baleares están de acuerdo? ¿Por qué la APB actúa como un organismo impermeable a las demandas sociales si su principal función es –o debería ser- la defensa del interés general?

La ACNB desea recordar que un proceso muy partecido al del Náutico de Ibiza, el concurso para la concesión del Club Marítimo de Mahón, desembocó en una denuncia penal contra el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y su todavía director, Ángel Matías Mateos, por presuntas negociaciones secretas al margen de la Comisión Técnica. Este asunto, así como el contencioso administrativo por la adjudicación de los antiguos atraques del Marítimo de Mahón a la empresa Trapsa Yates, se está tramitando actualmente en los tribunales.

La actual Ley de Puertos de Baleares, que rige en las instalaciones que no tienen la consideración de “interés general”, reconoce la función social y de promoción deportiva de los clubes náuticos y marítimos, que son entidades sin ánimo de lucro, y permite la prórroga automática de sus concesiones. La Ley de Puertos del Estado, que es de aplicación en los puertos gestionados por la APB, prevé también esta posibilidad sólo en ciertos casos excepcionales, como el del Náutico de Ibiza.

La ACNB defiende que las aportaciones sociales de los clubes, así como su probada eficiencia en la gestión portuaria y su carácter pionero en el establecimiento de la industria náutica española, justifican su protección frente al desembarco de grandes grupos empresariales con intenciones especulativas. Un organismo público no debería nunca constituirse en cómplice de maniobras que, como ya se ha dicho, hipotecan la sostenibilidad del sector náutico balear.