ADN pide a Autoridad Portuaria de Balears el Reglamento que regula los contratos de los amarres

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN) ha solicitado al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, que facilite a la Asociación una copia del Reglamento que regula los contratos de autorización de uso de amarre de las embarcaciones situadas en los puertos de Baleares, dependientes del Estado.

Esta solicitud se ha formalizado oficialmente tras el fracaso registrado en anteriores encuentros con miembros de la Autoridad Portuaria. En dichos encuentros ADN ha solicitado en repetidas ocasiones y sin éxito que se haga público el Reglamento que regula los contratos de los amarres.

ADN reclama también que se hagan públicas las Normativas que están en vigor y que afectan a las condiciones contractuales de los usuarios y el Plan Director de Puertos, en lo que afecta a los puestos de amarre de las embarcaciones de recreo.

La petición formal y oficial de ADN responde a las múltiples quejas recibidas por usuarios de APB ante la Asociación.

Estas quejas se centran básicamente en los siguientes puntos:

• oscurantismo que afecta a los contratos de concesión de uso de amarre
• falta de transparencia en las listas de espera
• ignorancia de plazos legales, condiciones y esloras máximas para poder hacer traspasos de propiedad de las embarcaciones
• derechos y obligaciones de los usuarios
• nula información que facilitan los funcionarios de APB a los usuarios

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo, en representación de 1.800 asociados, (180 de ellos son usuarios de APB) reclama al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares un cambio radical en la política informativa. “Una política más propia –en opinión de algunos asociados- de los tiempos de la dictadura, que de la democracia actual”.

El propio presidente de la Asociación, Miguel Ángel Santander, señala en este sentido que: “la APB se comporta como una Administración que parece salida del túnel del tiempo. Mandos, funcionarios y técnicos se comportan con clichés y formas que no se ajustan a los actuales moldes de cooperación y colaboración democrática entre Administración y administrados”.

“Los usuarios de los amarres de la Autoridad Portuaria – denuncia Santander-- parecen no tener ninguna clase de derechos, a pesar de que pagan religiosamente las tasas y cuotas establecidas. La gente, en general, siente una gran indefensión, está muy enfadada y nos reclama que organicemos acciones públicas de presión y fuerza, que no se emprenderán si conseguimos, a través de diálogo y comunicación, que la Autoridad Portuaria modifique su actual talante”.

“Los usuarios de los amarres de APB – concluye el presidente de ADN-- quieren dejar de ser ciudadanos de tercera ante una Administración que parece estar tan volcada en las concesiones mega millonarias, en los yates de lujo, en los cruceros de turistas y en los buques de mercancías que no tiene tiempo para preocuparse de las embarcaciones del pueblo llano”.