Medio Ambiente cambiará la norma que impide pescar especies invasoras

Los pescadores y algunas comunidades autónomas han ganado la batalla contra el decreto de especies invasoras. El Ministerio de Medio Ambiente ultima la revisión del real decreto, norma que impedía la suelta de especies exóticas como la trucha arcoiris, el salbelino o ucho, aprobado en el último momento por el Gobierno del PSOE, y que generó una enorme polémica en el sector de pesca deportiva.

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, entre otras, habían pedido la modificación del decreto, pues la temporada de pesca está a punto de empezar y la norma convertía en delito la gestión cinegética y pesquera de especies exóticas.

José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca, sostiene que España había ido más allá que ningún país europeo y critica el exceso del decreto.Los pescadores han llegado a presentar un recurso ante el Supremo. Bruna afirma que el decreto afecta a cientos de miles de pescadores, ya que hay 90.0000 con licencia de competición.

Los ecologistas en cambio opinan que las especies invasoras son una grave amenaza para la biodiversidad y que el decreto era un primer paso correcto. Pedro Brufao, presidente de Ríos con Vida, defiende que esta "no es una nueva lucha entre pescadores y ecologistas", sino que se trata de una pugna entre "la pesca sostenible y la insostenible". Las principales ONG y la Sociedad Ibérica de Ictiología firmaron un manifiesto a favor del decreto.

La consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, llegó a pedir públicamente una moratoria. Soriano fue nombrada en Sevilla secretaria de Medio Ambiente del PP. Ahora, y antes de reunir al Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Gobierno inicia la revisión del decreto, como piden las autonomías.

El ministerio sostiene ahora que el decreto "aplica un régimen altamente restrictivo" a "especies como la capa o la trucha arcoiris, integradas desde hace más de un siglo en nuestro ecosistema". Añade que el decreto obliga a eliminar plantas habituales en la jardinería y considera que genera aspectos ridículos. Señala que hay una "imposibilidad material de aplicar la controvertida norma sin provocar situaciones tan anómalas como tener que declarar a las autoridades la tenencia de un carpín rojo a título de mascota".