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Expertos piden estudios que avalen la reforma normativa de especies invasoras

Conservacionistas y científicos, que representan la voz de 17 sociedades científicas y 600 investigadores, han exigido hoy al Parlamento estudios económicos independientes que justifiquen la reforma de la Ley Biodiversidad que propone el PP para hacer excepciones con las especies invasoras.

El PP plantea esta modificación para que se pueda permitir la explotación comercial de determinadas especies exóticas invasoras.

 

En nombre de la comunidad científica y de cien ONG conservacionistas, que en noviembre registraron una carta mostrando su rechazo a esta reforma, han hablado hoy el científico experto en invasoras, Pablo Vargas (Jardín Botánico, CSIC) y los portavoces de SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y Accio Ecologista-Agro, Juan Carlos Atienza, Theo Oberhuber y Eva Tudela, respectivamente.

 

Los tres han coincidido en una premisa, si el PP justifica su reforma en los beneficios que genera la explotación económica de las especies invasoras -pesca deportiva, piscifactorías, etc- éstos deben quedar demostrados a través de informes económicos independientes antes de proceder al cambio normativo.

 

"Es inconcebible que no se sepa el valor real de las actividades económicas que justifican la reforma de la ley, que debería requerir estudios previos dada la gravedad del problema que suponen las especies invasoras", ha incidido Vargas.

 

El investigador del Jardín Botánico-CSIC ha alertado a los diputados de que España "no es un país que prevenga lo suficiente, ni gaste el dinero necesario en investigar para evitar la entrada de especies invasoras", por lo que "no debe plantear una reforma de este tipo que facilitaría la proliferación de especies indeseables".

 

"Si para algo tiene que cambiarse esta ley, es para endurecerla", ha incidido el investigador -y pescador aficionado-, quien ha recordado que la declaración como "invasora" de una especie es fruto del consenso de la comunidad científica, por lo que "una norma así no se puede cambiar al azar por la valoración que haga un sector de la pesca deportiva".

 

El consenso científico existente en torno a esta ley y a las especies que deben ser consideradas invasoras -que llevó al Tribunal Supremo a obligar al Gobierno a incluir especímenes exóticos que habían sido descatalogados como tales- debería ser "suficiente para no modificar la ley", ha defendido Oberhuber.

 

El portavoz de Ecologistas en Acción ha desmontado las cifras de pérdidas que la industria piscícola atribuye a la actual ley -3.000 millones de euros anuales y cierre del 25 % de las piscifactorías- basándose en la última memoria de la patronal, y ha exigido a los diputados que "hagan estudios independientes para contrastar los datos.

 

El portavoz de SEO/BirdLife ha desmentido "el falso mantra" de que la ley actual impide la pesca y la caza de especies exóticas, "ya que más bien hace todo lo contrario: convierte a los cazadores y pescadores con intereses en esas especies en actores relevantes en la conservación, impidiendo que se devuelvan a los ríos".

 

"De hecho, la normativa es flexible para abordar posibles conflictos sociales y económicos, como ocurre con el cangrejo rojo en Andalucía", ha añadido.

 

"Otro cliché que conviene aclarar en el debate sobre las exóticas invasoras es el del empleo: no se han podido perder 3,5 millones de puestos de trabajo por esta sentencia del Supremo, tal y como afirman los diputados del PP, porque eso es perder un 15 % de los puestos de trabajo de todo el país en un año", ha incidido.

 

Tudela, al igual que los ponentes ya citados, ha criticado que la propuesta de reforma planee que la catalogación de una especie exótica invasoras sea una decisión política, en lugar de científica.

 

En contraposición, José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, ha defendido que los ríos españoles "son ya ecosistemas artificiales totalmente transformados" donde "no pueden vivir especies autóctonas".

 

Para Bruna, la actual Ley de Biodiversidad es una norma "intransigente" y "de máximos" que sólo genera "problemas sociales y económicos".

 

Carlos Bueno, coordinador nacional de la Plataforma en Defensa de la Pesca, ha dicho de la actual legislación -acordada por consenso en 2007- es "incomprensiva, desafortunada, mal promulgada, solo atiende a criterios científicos y se hizo a escondidas sin contar con los sectores afectados".

Por su parte, Jesús Expósito, presidente de la Asociación Española de Black Bass (un tipo de perca), ha subrayado que la ley actual sume a los pescadores en la "incertidumbre e indefensión", y ha expresado su rechazo a que las capturas de especies invasoras no puedan ser devueltas a los ríos, donde ya forman parte del "equilibrio ecológico".